Una investigación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia confirma que la mayoría de áreas afectadas no ha cambiado de uso de suelo tras los incendios
Los incendios, según los autores, están más vinculados a la informalidad y al vacío institucional que a la actividad agropecuaria
Un estudio elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Bolivia (CIAB) identificó que el 75% de los incendios forestales registrados en Santa Cruz durante 2024 ocurrió en tierras fiscales o en proceso de saneamiento, sin presencia efectiva del Estado.
“El incendio no es agropecuario. Es político, social e institucional”, afirmó el ingeniero agrónomo Juvenal Bonilla, presidente del CIAB. Según explicó, las zonas con actividad agropecuaria formalizada presentan los índices más bajos de quemas incontroladas.
Los incendios forestales no son un problema exclusivo de Bolivia, señala el estudio.
Representan una amenaza global exacerbada por condiciones climáticas extremas como la sequía y fuertes vientos. Estos factores crean un escenario propicio para que los fuegos se propaguen rápidamente hasta ser devastadores que afectan a diversos países.
“La situación en Bolivia es un reflejo de una problemática más amplia que exige soluciones tanto locales como internacionales”, indicó Bonilla.
En 2024, Santa Cruz registró 7,6 millones de hectáreas incendiadas, lo que representa una de cada cinco hectáreas del departamento. A pesar de la magnitud del evento, cabe apuntar que el estudio muestra que una constante de los últimos 15 años es que -luego de los incendios- no se dio un cambio de uso de suelo. Por ejemplo, después de los incendios de 2019 (4,2 millones de hectáreas) la superficie cultivada creció un 0,45% anual hasta 2024, lo que demuestra una desvinculación entre incendios y expansión agrícola.
El informe destaca que en más del 90% de los casos, en los cuatro años posteriores a los de mayores incendios ocurridos desde 2010, las áreas afectadas paulatinamente retornaron a su cobertura natural, sin que se produzca un cambio de uso de suelo. “No hay evidencia de que los incendios masivos respondan a la intención de habilitar tierras al cultivo”, remarcó Bonilla.
Los municipios con mayor recurrencia de incendios –San Matías, Puerto Suárez, Concepción y San Ignacio de Velasco– presentan características comunes: tierras sin saneamiento concluido, ocupaciones irregulares y escasa fiscalización. “Donde no hay Estado, hay incendio. El fuego avanza donde la institucionalidad se retira”, agregó Bonilla.
Además del impacto ambiental, los incendios de 2024 tuvieron efectos directos sobre la salud pública. Se reportaron más de 5.000 casos de enfermedades respiratorias vinculadas a la exposición al humo en provincias cruceñas, de acuerdo con registros médicos departamentales.
El informe también revela que septiembre fue el mes más crítico del año, con miles de focos de calor detectados por imágenes satelitales. Fue el registro más alto desde que se tiene monitoreo digital de incendios.
El estudio sostiene que Bolivia cuenta con normativa para prevenir y controlar el uso del fuego, pero su aplicación es limitada. “El problema no es la falta de leyes, sino la falta de recursos y voluntad política para hacerlas cumplir”, advirtió Bonilla.
Los autores del estudio recomiendan al Gobierno Nacional y a los gobiernos subnacionales fortalecer el Manejo Integral del Fuego, mejorar la vigilancia en tierras fiscales y garantizar el control efectivo del territorio. Proponen también mayor transparencia en los procesos de titulación y ocupación.
“Si el 75% de los incendios ocurre en tierras sin regulación, la pregunta no es quién quema, sino por qué nadie controla esas tierras”, concluyó Bonilla, quien convocó a las autoridades a utilizar esta información técnica como base para nuevas estrategias de prevención.
Fuente: CIAB
