El Gobierno presentó un proyecto de ley que debe ser analizado por la Asamblea Legislativa. Bolivia fue incluida en la lista de países con pocos avances en la lucha contra el lavado de activos por parte de la organización internacional.
El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, informó este miércoles que Bolivia tardará al menos dos años en salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI. El país fue incluido en esta nómina debido a la falta de una ley específica contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
Las declaraciones de Montenegro se dieron mientras, junto a la ministra de Justicia, Jessica Saravia, remitía un proyecto de ley que busca cumplir con los requisitos exigidos por el organismo internacional. Esta propuesta deberá ser analizada por la Asamblea Legislativa, que en el pasado rechazó una iniciativa similar, argumentando motivos políticos. Sin embargo, desde el Ejecutivo califican ese rechazo como un sabotaje a la gestión del presidente Luis Arce Catacora.
En conferencia de prensa, las autoridades explicaron que el ingreso del país a esta lista se debe a la falta de legislación adecuada en la materia. Para revertir la situación, el Ejecutivo envió un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional que incluye modificaciones al Código de Procedimiento Penal, incorporando técnicas especiales de investigación como el uso de agentes encubiertos y entregas vigiladas.
“Si no se aprueba esta normativa, Bolivia no podrá salir de la lista gris y podría incluso ingresar a la lista negra. Tenemos dos años para corregir el rumbo”, advirtió Montenegro.
El ministro recordó que desde 2021 se intentó aprobar leyes similares, pero fueron archivadas o abrogadas debido a presiones políticas y movilizaciones sociales. “Dimos un paso atrás como país al anular la ley 386. Ahora estamos volviendo a retomar el camino”, afirmó.
Por su parte, la ministra Saravia señaló que las nuevas herramientas permitirán desmantelar estructuras criminales sofisticadas que operan con empresas fachada, cuentas en el exterior y múltiples monedas. Indicó que delitos como el trata y tráfico de personas —a los que calificó como “la esclavitud del siglo XXI”— requieren métodos complejos de investigación.
“Estas modificaciones no son opcionales. Son parte de exigencias explícitas del GAFI. Debemos cumplir si queremos recuperar la credibilidad internacional”, afirmó.
Durante la ronda de preguntas, las autoridades reiteraron que el proyecto será socializado y que su aprobación es urgente para evitar sanciones adicionales o trabas al sistema financiero boliviano. También aseguraron que la información requerida por organismos judiciales y el Ministerio Público será proporcionada en casos sensibles
La próxima evaluación del GAFI está prevista para dentro de dos años, plazo en el que Bolivia debe demostrar avances significativos. De lo contrario, podría enfrentar consecuencias mayores en el ámbito financiero internacional, como restricciones a transacciones y mayor escrutinio en los flujos de capital.
Fuente: EL DEBER
